El nuevo Real Decreto-ley 1/2024, de 14 de mayo, recientemente publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prorroga la suspensión de desahucios hipotecarios hasta el 15 de mayo de 2028. Esta medida, impulsada por el Consejo de Ministros, es una respuesta directa a las difíciles circunstancias económicas y sociales derivadas del Covid-19, la guerra de Ucrania y el endurecimiento monetario iniciado en el segundo semestre de 2022. Esta prórroga, que extiende la suspensión de desahucios hipotecarios por cuatro años más, representa un alivio significativo para los colectivos más vulnerables, quienes enfrentan la amenaza constante de perder sus hogares debido a dificultades financieras.

Una de las principales ventajas de esta nueva normativa es que otorga estabilidad y seguridad habitacional a las personas en situación precaria y con escasos ingresos. La suspensión de desahucios hipotecarios permite que estas personas mantengan un techo sobre sus cabezas y evita que sean desplazadas a situaciones de exclusión social. Esto es especialmente importante en un contexto donde la vivienda se ha convertido en un bien cada vez más preciado y costoso, y donde la falta de acceso a una vivienda adecuada puede tener consecuencias devastadoras para la salud física, mental y emocional de las personas y sus familias.

Además de proteger a los deudores hipotecarios, esta medida también tiene un impacto positivo en los inquilinos e inquilinas, ya que contribuye a estabilizar el mercado de alquiler al evitar la pérdida repentina de viviendas por parte de los propietarios. Esto ayuda a prevenir situaciones de desplazamiento forzado y a mantener la cohesión social en las comunidades afectadas.

Sin embargo, es importante destacar que la prórroga de la suspensión de desahucios hipotecarios es solo una parte de la solución para abordar la crisis habitacional que enfrenta el país. El Gobierno debe adoptar medidas complementarias para garantizar una protección integral a las personas hipotecadas y a los inquilinos e inquilinas en situación de vulnerabilidad. Algunas de estas medidas podrían incluir:

1) Regulación más amplia y efectiva del mercado de alquiler: Es necesario establecer nuevas medidas que limiten los incrementos abusivos de los precios del alquiler y que protejan a los inquilinos e inquilinas frente a desahucios injustificados por parte de los propietarios.

La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, es una herramienta importante que los ayuntamientos y otras administraciones públicas pueden utilizar para regular el mercado de alquiler, especialmente en zonas tensionadas donde los precios son desproporcionadamente altos. Esta ley proporciona medidas específicas para limitar el precio de los alquileres y proteger a los inquilinos frente a desahucios injustificados, lo cual es crucial para garantizar un acceso equitativo a la vivienda y prevenir situaciones de exclusión residencial.

Por otro lado, los ayuntamientos, en particular, tienen un papel fundamental en la aplicación de esta ley a nivel local, ya que son los responsables de gestionar y regular el mercado de alquiler en sus respectivas jurisdicciones. Pueden establecer zonas tensionadas donde se apliquen medidas especiales para controlar los precios del alquiler y proteger a los inquilinos, como limitar los incrementos anuales de alquiler, establecer precios máximos de alquiler o promover la creación de más viviendas de alquiler social.

Además, los ayuntamientos pueden adoptar otras medidas oportunas en el marco de la Ley 12/2023, como facilitar el acceso a viviendas públicas, promover la rehabilitación de viviendas vacías o en mal estado, y brindar asesoramiento y apoyo a los inquilinos en riesgo de desahucio.

En resumen, la aplicación de la Ley 12/2023 por parte de las administraciones públicas, especialmente los ayuntamientos, es fundamental para regular el mercado de alquiler, proteger a los inquilinos e inquilinas y garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos y ciudadanas.

2) Fomento del alquiler social: El Gobierno debería promover la creación de más viviendas de alquiler social y parques públicos de viviendas asequibles para garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente para aquellas personas con ingresos bajos o en situación de vulnerabilidad.

3) Apoyo financiero: Se deben implementar programas de asistencia financiera para ayudar a las personas en situación de precariedad a hacer frente a sus obligaciones hipotecarias o de alquiler, como subsidios de vivienda o programas de reestructuración de deudas.

4) Medidas de prevención: El Gobierno debe trabajar en la prevención de situaciones de vulnerabilidad habitacional mediante políticas activas de empleo, educación y atención social que aborden las causas subyacentes de la inestabilidad residencial.

5) Promoción de la vivienda digna: Se debe priorizar la promoción de viviendas dignas y accesibles, así como la rehabilitación de viviendas vacías o en mal estado, para garantizar que todas las personas tengan acceso a un hogar seguro y adecuado.

En conclusión, la prórroga de la suspensión de desahucios hipotecarios es un paso positivo hacia la protección de los colectivos vulnerables, pero es necesario que el Gobierno implemente medidas complementarias para abordar de manera integral la crisis habitacional y garantizar el derecho a una vivienda digna para todas las ciudadanas y ciudadanos.