Análisis de los artículos «Tribunal Supremo y Amnistía (I y II)» [Parte I] y [Parte II], publicados en Faro de Vigo los pasados días 13 y 14 de julio de 2024 y firmados por Julio Picatoste.

La Ley de Amnistía en España, más que una simple maniobra política, se presenta como una herramienta fundamental para la reconciliación y la estabilidad democrática. Este artículo ofrece una argumentación jurídica sólida, desafiando las críticas y resaltando la importancia de la amnistía en nuestro contexto histórico y constitucional.

El debate en torno a la Ley de Amnistía en España ha suscitado una gran controversia, especialmente respecto a su aplicación a los delitos de malversación relacionados con el proceso independentista catalán. En los artículos titulados «Tribunal Supremo y Amnistía (I y II)» [Parte I] y [Parte II], publicados en Faro de Vigo los pasados días 13 y 14 de julio de 2024, Julio Picatoste sostiene que esta amnistía carece de fundamento legal y está impulsada por intereses políticos más que por una verdadera voluntad reconciliadora. Sin embargo, una revisión detallada de la situación desde una perspectiva jurídica y política revela una imagen diferente.

España ha tenido una larga historia de utilización de la amnistía como herramienta de reconciliación política y social. Desde la transición democrática, la amnistía ha sido empleada -aunque en ese caso concreto no comparto la aprobación de aquella norma- para superar divisiones y tensiones históricas. La Ley de Amnistía de 1977 dicen que fue necesaria para facilitar la transición pacífica de la dictadura franquista a la democracia, permitiendo la liberación de presos políticos y el regreso de exiliados. Sin embargo, la Ley de Amnistía de 1977, fue concebida en el contexto de una transición política y aunque aparentemente fue utilizada como un mecanismo para liberar a aquellos que habían luchado contra la opresión franquista, finalmente sirvió a otros intereses. Rápidamente se transformó en un instrumento de impunidad para los verdugos del régimen. Esa legislación no sólo dejó sin justicia a las víctimas de la dictadura, sino que también impidió el juicio y castigo de quienes cometieron crímenes atroces bajo la bandera del Estado. A lo largo de los años, con la democracia ya consolidada, se evidenció la urgencia de revisar y anular la mencionada ley. Las víctimas de la dictadura, junto con diversos colectivos ciudadanos, clamaron por justicia, demandando que una democracia auténtica no puede tolerar la impunidad de aquellos que utilizaron el poder del Estado para torturar, asesinar y sembrar el terror contra los disidentes. No obstante, estos llamados fueron ignorados, perpetuando una mancha en la historia democrática de España. La Ley de Amnistía de 1977 representa una vergüenza democrática, un pacto tácito de olvido que favoreció a los perpetradores en detrimento de las víctimas. Es un recordatorio oscuro de cómo una transición política, en lugar de fomentar la justicia y la reparación, optó por el silencio y el encubrimiento. La democracia española, al mantener aquella ley intacta, ha fallado en uno de sus principios fundamentales: la defensa de los derechos humanos y la justicia. Es imperativo que aquella ley sea derogada y que se abran las puertas para que los crímenes de la dictadura sean juzgados con la severidad que merecen. Solo entonces se podrá cerrar verdaderamente una etapa de horror y construir una sociedad basada en la memoria y la justicia. A pesar de las críticas que hago a aquella Ley, tengo que reconocer que es un antecedente claro de la amnistía utilizada como un mecanismo para resolver situaciones de tensión o excepcionalidad, aunque posteriormente se produjese una perversión y adulteración del espíritu inicial de aquella norma.

La Constitución Española de 1978, aunque no menciona explícitamente la amnistía, tampoco la prohíbe. De hecho, se puede argumentar que la amnistía es compatible con los principios constitucionales de reconciliación y convivencia democrática. Según el artículo 9.3 de la Constitución, se garantiza la seguridad jurídica y se prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos. La amnistía, en este sentido, puede considerarse una herramienta para garantizar estos principios, especialmente cuando se utiliza para resolver conflictos políticos profundamente arraigados.

El artículo 62.i de la Constitución Española otorga al Rey la prerrogativa de ejercer el derecho de gracia, lo que incluye el indulto, pero no la amnistía, la cual requiere una ley específica aprobada por el poder legislativo. Esto refuerza la idea de que la amnistía, para ser constitucional, debe estar enmarcada en una ley clara y específica promulgada por el Parlamento. La amnistía tiene un respaldo en el derecho internacional, recogido en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 6.4 establece que «en aquellos países en que no se haya abolido la pena de muerte, esta sentencia podrá ser objeto de amnistía, indulto o conmutación».

Julio Picatoste está más acertado al afirmar que «el argumento del Tribunal Supremo es pues muy forzado y conducido por vericuetos que se alejan de la letra de la ley y del propósito del legislador«. Ciertamente el Tribunal Supremo sostiene que dichos presuntos delitos implican un beneficio patrimonial personal. La interpretación del Tribunal Supremo, es muy discutible. La magistrada Ana Ferrer, en su voto particular, señala que la desviación de fondos públicos en este contexto no estaba orientada a un enriquecimiento personal, sino a financiar un objetivo político, lo cual entra dentro de la definición de los actos que la Ley de Amnistía pretende cubrir. Ferrer argumenta que el propósito de los independentistas no era obtener una ganancia personal, sino redirigir recursos para alcanzar un objetivo político específico, lo cual debería ser considerado dentro del marco de la amnistía propuesta.

La voluntad del legislador al promulgar la Ley de Amnistía debe ser entendida en su contexto más amplio. El propósito de la ley es claramente facilitar la normalización de las relaciones entre Cataluña y el Estado español, permitiendo que las acciones llevadas a cabo en el marco del proceso independentista no sean castigadas penalmente. Este objetivo se alinea con la noción de amnistía como un acto de gracia destinado a superar conflictos y divisiones políticas.

La amnistía es una práctica común en muchos países democráticos. Francia, Italia y Argentina han utilizado la amnistía en diversas ocasiones para resolver tensiones políticas y sociales. En el contexto español, la Ley de Amnistía debe ser vista como parte de esta tradición internacional de utilizar mecanismos legales excepcionales para restaurar la paz y la cohesión social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que las leyes de amnistía pueden desempeñar un papel crucial en los procesos de reconciliación y estabilización política, siempre que no contravengan obligaciones internacionales de derechos humanos.

La crítica de Picatoste de que la amnistía es una maniobra política utilizada por el gobierno para obtener apoyo parlamentario es comprensible, pero no descalifica per se la legitimidad de la amnistía. La política es, en esencia, el arte de lo posible, y utilizar la amnistía para asegurar estabilidad gubernamental y avanzar en la reconciliación nacional puede ser visto como un uso legítimo y pragmático del poder legislativo.

El manifiesto «Juristas por la Amnistía, la Democracia y la Convivencia» subraya que la amnistía contribuirá a la normalización de las relaciones entre Cataluña y el resto de España. Este argumento es crucial, ya que la amnistía no solo busca resolver las consecuencias legales del conflicto independentista, sino también fomentar un clima de diálogo y entendimiento. Ignorar esta dimensión política y social es perder de vista el objetivo más amplio de la ley.

El Partido Popular (PP), que se opone vehementemente a la Ley de Amnistía, ha utilizado indultos en el pasado sin recibir la misma crítica. Por ejemplo, el indulto al general Alfonso Armada en 1988 o los 1,443 indultos otorgados en el año 2000. Esta inconsistencia sugiere que la oposición a la amnistía actual puede estar motivada más por consideraciones políticas que por principios jurídicos.

La interpretación de la ley debe respetar la voluntad del legislador y los principios constitucionales. Como señala la magistrada Ferrer, los jueces no deben hacer interpretaciones que impidan la vigencia de la norma, a menos que esta sea claramente inconstitucional. La decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía a los delitos de malversación puede ser vista como una interpretación excesivamente restrictiva que contradice el espíritu de la ley.

España enfrenta un desafío significativo en la gestión de las tensiones independentistas. La Ley de Amnistía, aunque controvertida, ofrece una oportunidad para avanzar hacia la reconciliación y la estabilidad política. Este objetivo no debe ser subestimado, especialmente en un momento en que las tensiones dentro del Estado plurinacional español generan una amenaza que puede socavar la posibilidad de un entendimiento y obstaculizar la búsqueda de una solución negociada a un conflicto político.

Es necesario que tanto los actores políticos como los judiciales actúen con responsabilidad y visión de futuro. La amnistía, correctamente aplicada, puede ser un paso importante hacia la resolución de conflictos y la construcción de una sociedad más justa y unida. Como lo demostró el caso Gitlow en Estados Unidos, defendido por el juez Oliver Wendell Holmes Jr., el respeto a las libertades fundamentales y la búsqueda de soluciones justas deben prevalecer incluso en contextos de profunda división política.

La Ley de Amnistía en España no solo es legalmente viable, sino también políticamente necesaria. Los argumentos presentados por Julio Picatoste, aunque válidos en ciertos aspectos, no logran desestimar la importancia de la amnistía como herramienta de reconciliación y normalización política. La experiencia histórica, tanto en España como en otros países, demuestra que la amnistía puede ser un mecanismo efectivo para superar conflictos y avanzar hacia una convivencia democrática más sólida y estable. Por lo tanto, es esencial que se apoye esta iniciativa no solo como un acto de gracia, sino como un paso necesario hacia la paz y la futura reconfiguración del Estado plurinacional español.

La amnistía debe ser vista como una respuesta jurídica y política a una situación extraordinaria. La Ley de Amnistía no busca exonerar acciones criminales comunes, sino abordar las consecuencias legales de un conflicto político que ha afectado profundamente a la sociedad española. La amnistía es un medio para restaurar la paz social y fortalecer el tejido democrático del país. Ignorar esta necesidad sería perpetuar una división que solo puede ser resuelta mediante el diálogo y la reconciliación.

Es importante recordar que el derecho no existe en un vacío, sino que debe ser interpretado y aplicado en el contexto de la realidad social y política. La amnistía, en este caso, no es una concesión arbitraria, sino una herramienta para facilitar una transición hacia un estado de normalidad política y social. Los precedentes internacionales y la jurisprudencia española apoyan el uso de la amnistía como un medio legítimo para resolver conflictos políticos.

Es necesario reconocer la validez de medidas excepcionales en situaciones de crisis política. La función de esta Ley de amnistía es ayudar a la superación de un conflicto político y social grave, contribuyendo a la pacificación y normalización de la vida política.

La amnistía también debe ser vista como un acto de justicia restaurativa. En lugar de centrarse en el castigo, la justicia restaurativa busca reparar el daño y restaurar las relaciones. La Ley de Amnistía, al perdonar las acciones del pasado, permite a la sociedad avanzar y construir un futuro común. Este enfoque es especialmente relevante en contextos de conflicto político, donde la reconciliación y la reconstrucción de la confianza son esenciales para la estabilidad a largo plazo.

En conclusión, la Ley de Amnistía en España es una respuesta legal y política adecuada a una situación excepcional. A pesar de las críticas, su fundamento en la historia, la jurisprudencia y los principios constitucionales es sólido. La amnistía ofrece una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más unida y democrática, superando las divisiones del pasado. Es una herramienta legítima y necesaria para la reconciliación y la estabilidad política, y debe ser apoyada como tal.