Las Leyes Mordaza, aprobadas en solitario por el Partido Popular, han erosionado derechos fundamentales en España durante nueve años. Descubre cómo estas reformas han limitado la libertad de expresión y la protesta pacífica, y por qué es necesario derogarlas para proteger nuestra democracia.

Las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocidas popularmente como Leyes Mordaza, entraron en vigor en España el 1 de julio de 2015. Aprobadas por el gobierno del Partido Popular en solitario, estas leyes han sido objeto de duras críticas tanto a nivel nacional como internacional por sus implicaciones negativas sobre los derechos fundamentales, en particular, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica.

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza, ha establecido un marco legal que muchos consideran represivo y contrario a los principios democráticos y los derechos humanos. Esta ley ha otorgado amplios poderes a las fuerzas de seguridad, permitiendo un margen significativo de arbitrariedad en su actuación durante manifestaciones y protestas. Un aspecto particularmente controvertido de esta legislación es el uso de armas menos letales, como pelotas de goma y proyectiles de foam, que han causado lesiones graves en numerosas ocasiones. Este uso excesivo de la fuerza contraviene los estándares internacionales de derechos humanos, como los establecidos por la ONU en sus Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

El impacto de la Ley Mordaza sobre la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica es particularmente preocupante. La imposición de multas excesivas a grupos vecinales, sindicatos y estudiantes por ejercer su derecho legítimo a protestar es un claro indicativo de la erosión de estos derechos fundamentales. Además, la disparidad en la interpretación de los tribunales, que tienden a favorecer la versión policial, agrava la situación. La falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad contribuye a una atmósfera de impunidad y vulneración de derechos, contraviniendo así el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un recurso efectivo ante las autoridades nacionales competentes.

La disposición adicional que pretende legalizar las devoluciones en caliente de migrantes y refugiados es otro aspecto profundamente problemático de la Ley Mordaza. Este procedimiento, que implica la expulsión inmediata de personas sin permitirles solicitar asilo ni evaluar su situación, ha sido condenado por numerosas organizaciones de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su jurisprudencia, ha enfatizado repetidamente la necesidad de procedimientos justos y efectivos para proteger los derechos de los migrantes y refugiados. La ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en estas operaciones subraya la urgencia de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para alinearla con los estándares internacionales.

La movilización social ha jugado un papel crucial en la defensa de los derechos humanos frente a las Leyes Mordaza. Las protestas masivas y la presión de organizaciones de la sociedad civil han sido fundamentales para mantener el foco en las implicaciones negativas de esta legislación. El compromiso del presidente del gobierno de trabajar por la regeneración democrática y el avance de los derechos y libertades debe traducirse en acciones concretas para rechazar el paquete represivo que constituyen las Leyes Mordaza. En lugar de limitar el ejercicio de la protesta, el gobierno debe valorar, proteger y agradecer la labor de quienes defienden los derechos humanos.

La derogación o reforma integral de las Leyes Mordaza no solo es una cuestión de valores y compromiso con los derechos humanos, sino también una obligación derivada de las advertencias de mecanismos internacionales de derechos humanos sobre su impacto negativo. En 2015, cuatro Relatores Especiales de la ONU advirtieron que la aprobación de estas leyes socavaría los derechos de manifestación y expresión. Asimismo, el Consejo de Europa instó a España a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana debido a su potencial represivo. Estas advertencias subrayan la importancia de que España tome medidas para garantizar que su legislación respete plenamente los derechos humanos.

La reciente declaración del presidente del gobierno, comprometiéndose a trabajar por la regeneración democrática y el avance de los derechos y libertades, es una señal positiva. Sin embargo, para que este compromiso sea creíble, debe incluir la derogación o reforma integral de las Leyes Mordaza. Desde que fue candidato a la presidencia, el presidente ha afirmado con rotundidad su intención de derogar la Ley Mordaza. No obstante, esta promesa aún no se ha cumplido, lo que plantea serias dudas sobre el compromiso real del gobierno con la protección de los derechos fundamentales.

La movilización social comprometida con los derechos humanos será crucial para lograr avances en la protección de la libertad de expresión y reunión pacífica. La derogación o reforma integral de las Leyes Mordaza es fundamental para garantizar el respeto a los derechos fundamentales en España. La existencia de una mayoría parlamentaria que ha mostrado oposición a las reformas de 2015 subraya la urgencia de acabar con las vulneraciones de derechos que representan las Leyes Mordaza. La protección de los derechos humanos y la defensa de los valores democráticos requieren un compromiso claro y acciones concretas por parte del gobierno y de la sociedad en su conjunto.

En este sentido, es esencial recordar las palabras de Luigi Ferrajoli, quien ha subrayado la importancia de un estado de derecho basado en la protección de los derechos fundamentales y el control de los poderes públicos. La arbitrariedad y la impunidad no tienen cabida en una sociedad democrática. La derogación o reforma integral de las Leyes Mordaza es un paso necesario para avanzar hacia una sociedad más justa y respetuosa con los derechos humanos.

La legislación positiva española y europea, así como la jurisprudencia de los tribunales nacionales e internacionales, proporcionan un marco claro para la protección de los derechos fundamentales. El artículo 20 de la Constitución Española garantiza la libertad de expresión y el derecho a recibir y comunicar información veraz. Asimismo, el artículo 21 protege el derecho de reunión pacífica. Estos derechos son también protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en sus artículos 10 y 11, y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional español ha reiterado la importancia de estos derechos en numerosas ocasiones. En la sentencia 341/1993, el Tribunal subrayó que la libertad de expresión es un pilar esencial de la democracia y que cualquier limitación a este derecho debe ser estrictamente necesaria y proporcional. Del mismo modo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha destacado en casos como Oya Ataman contra Turquía (2007) la importancia de la libertad de reunión pacífica y ha condenado el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.

La protección de los derechos humanos es una responsabilidad compartida por todos los actores de la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los juristas y las ciudadanas y ciudadanos tienen un papel crucial en la defensa de estos derechos. La movilización social y la presión sobre los legisladores son esenciales para lograr la derogación o reforma integral de las Leyes Mordaza y para asegurar que España cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Las Leyes Mordaza, en definitiva, han tenido un impacto profundamente negativo en la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica en España. La derogación o reforma integral de estas leyes es esencial para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y para avanzar hacia una sociedad más democrática y justa. La movilización social y el compromiso claro del gobierno son fundamentales para lograr este objetivo. La protección de los derechos humanos y la defensa de los valores democráticos deben ser una prioridad para todos. La derogación o reforma integral de las Leyes Mordaza es un paso necesario y urgente para garantizar el respeto a los derechos fundamentales en España y para avanzar hacia una sociedad más justa y respetuosa con los derechos humanos.

El reciente episodio protagonizado por Yolanda Díaz, el PSOE, y Sumar en relación con la Ley Mordaza ha suscitado numerosas interrogantes sobre la transparencia y las verdaderas intenciones de los partidos implicados. El anuncio inicial de Díaz sobre un acuerdo para la derogación de la Ley Mordaza, seguido por una corrección en la rueda de prensa del Consejo de Ministros y la posterior aclaración de Enrique Santiago sobre la modificación específica del artículo 36, epígrafe 23, plantea dudas significativas.

Esta serie de comunicaciones contradictorias sugiere un intento de capturar la atención mediática y generar titulares impactantes, posiblemente con el objetivo de satisfacer a sus bases electorales y mostrar un aparente progreso en la agenda de derechos civiles. La derogación de la Ley Mordaza ha sido una promesa reiterada y una demanda constante de numerosos sectores de la sociedad, especialmente de aquellos comprometidos con los derechos humanos y las libertades civiles. Por lo tanto, cualquier movimiento relacionado con esta legislación tiene un alto valor simbólico y político.

Sin embargo, la falta de claridad y la corrección pública de las declaraciones indican que puede haber un juego político en curso, donde se busca mantener una imagen de compromiso con la derogación de la Ley Mordaza sin necesariamente emprender una acción sustancial inmediata. Esta estrategia podría estar dirigida a evitar el costo político de no cumplir completamente con las promesas hechas durante las campañas electorales, al mismo tiempo que se apaciguan las demandas de cambio.

En el fondo, la cuestión central radica en la falta de comunicación transparente y coherente por parte de los líderes políticos, lo que alimenta la desconfianza entre la ciudadanía. La contradicción entre el anuncio de una derogación total y la realidad de una modificación parcial puede ser interpretada como un intento de manipular la percepción pública, generando la ilusión de un avance significativo cuando, en realidad, los cambios son más limitados.

En resumen, el manejo de la información sobre la Ley Mordaza por parte del PSOE y Sumar parece estar motivado por el deseo de crear titulares impactantes y mostrar un compromiso aparente con la reforma de esta controvertida legislación. Sin embargo, la falta de claridad y las contradicciones en las declaraciones subrayan la necesidad de una comunicación política más honesta y transparente para mantener la confianza pública y avanzar genuinamente en la protección de los derechos fundamentales.