En medio de acuerdos que sacrifican derechos y construyen muros, surge la pregunta: ¿Qué camino tomará Europa ante el sufrimiento de miles de personas que buscan esperanza y refugio?

Descubre las profundas razones detrás de la migración y cómo podemos realmente transformar esta crisis en una oportunidad de solidaridad y justicia.

El acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea suscitó, en su momento, una ola de críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, activistas y algunos partidos políticos. Ese pacto representa un severo retroceso en los derechos de las personas migrantes y refugiadas, socavando principios fundamentales del derecho internacional y de la propia Unión Europea.

El pacto se cerró bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, culminando con la adopción de las últimas cinco propuestas pendientes. Estas propuestas forman parte de un conjunto más amplio de legislaciones e iniciativas introducidas por la Comisión Europea en septiembre de 2020, bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen. El objetivo era desbloquear una reforma de la política migratoria y de asilo que llevaba años estancada en el Consejo Europeo. Sin embargo, lejos de promover la solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades entre los Estados Miembros, el nuevo marco normativo mantiene y amplifica la presión sobre los países que son las principales puertas de entrada de personas migrantes y refugiadas a Europa.

Una de las críticas más severas al pacto fue la introducción de lo que se ha denominado «solidaridad flexible». Este concepto permite a los Estados Miembros elegir cómo desean participar en la gestión de la migración, ya sea aceptando la acogida de personas migrantes, contribuyendo financieramente (con pagos de hasta 20.000 euros por persona no acogida), o incluso apoyando la construcción de barreras físicas como muros y vallas. Esta “flexibilidad” no es otra cosa que una manera de poner un precio a la vida humana y de eludir la responsabilidad colectiva en materia de acogida y protección de refugiados.

El pacto también impone un procedimiento de asilo que ha sido duramente criticado por violar el derecho internacional. Las personas recién llegadas serán detenidas en lo que se ha denominado «ficción de no entrada», simulando que no han llegado a territorio europeo y situándolas en un limbo administrativo y físico. Este enfoque, que puede aplicarse incluso a familias con niñas y/o niños, transforma los centros de acogida en auténticos campos de detención, impidiendo que las solicitudes de asilo sean evaluadas con las garantías requeridas por el derecho internacional. En lugar de recibir protección, estas personas son sometidas a procedimientos acelerados que facilitan su deportación a sus países de origen o a terceros países considerados seguros, como Turquía, Túnez o Libia, sin una evaluación adecuada de sus necesidades de protección.

La regulación de las crisis es otra área del pacto que ha sido objeto de fuertes críticas. En situaciones donde un Estado considera que personas migrantes y refugiadas están siendo utilizadas por un tercer país, se pueden suspender las ya limitadas garantías legales del derecho de asilo. Esto proporciona una excusa para eludir las obligaciones internacionales bajo el pretexto de la seguridad y el control fronterizo, perpetuando un ciclo de negligencia y violaciones de derechos humanos.

La negligencia y la falta de solidaridad en la gestión de la migración y el asilo en la Unión Europea han quedado expuestas con este nuevo pacto. La decisión de legalizar prácticas que violan los derechos humanos y de desmantelar el derecho al asilo refleja una capitulación ante las exigencias de la extrema derecha y una traición a los principios fundacionales de la Unión. Este enfoque no aborda las causas profundas de la migración forzada, ni ofrece soluciones sostenibles a los retos migratorios. En cambio, perpetúa la violencia y la criminalización de personas que buscan seguridad y un futuro mejor.

Es necesario entender por qué las personas huyen de sus países y buscan refugio en Europa, incluida España. Las causas de la migración son complejas y multifacéticas, pero algunas de las razones más prevalentes incluyen conflictos armados, persecuciones políticas, violencia generalizada, pobreza extrema, desastres naturales y crisis medioambientales.

Los conflictos armados son una de las principales razones por las que las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares. Guerras civiles, invasiones extranjeras y conflictos internos generan un ambiente de inseguridad y peligro constante. Las personas huyen para salvar sus vidas y las de sus familias, buscando refugio en lugares donde puedan vivir en paz. La guerra en Siria, el conflicto en Afganistán y la violencia en Sudán del Sur son ejemplos de situaciones que han generado grandes movimientos de refugiados hacia Europa.

La persecución política es otra causa significativa. En muchos países, las personas son perseguidas por sus opiniones políticas, su pertenencia a determinados grupos étnicos o religiosos, o su activismo en defensa de los derechos humanos. Regímenes autoritarios y gobiernos represivos utilizan la violencia, el encarcelamiento y otras formas de represión para silenciar a sus opositores. Las personas que se encuentran en estas situaciones a menudo no tienen otra opción que huir y buscar asilo en países donde puedan ejercer sus derechos sin temor a represalias.

La pobreza extrema y la falta de oportunidades económicas también impulsan a muchas personas a emigrar. En numerosos países en desarrollo, las condiciones de vida son extremadamente difíciles, con altos niveles de desempleo, salarios bajos y acceso limitado a servicios básicos como educación y atención médica. Las personas migran con la esperanza de encontrar mejores oportunidades económicas y de mejorar la calidad de vida de sus familias. La migración económica, aunque a menudo vista con desdén en las políticas restrictivas, es un fenómeno legítimo impulsado por la búsqueda de una vida digna.

Los desastres naturales y las crisis medioambientales están convirtiéndose en factores cada vez más importantes de la migración forzada. El cambio climático está exacerbando fenómenos como las sequías, las inundaciones, los huracanes y el aumento del nivel del mar, que destruyen hogares, tierras agrícolas y medios de subsistencia. Las comunidades afectadas por estos desastres a menudo no tienen otra opción que migrar para sobrevivir y reconstruir sus vidas en lugares más seguros.

En lugar de construir muros y crear políticas restrictivas, es esencial abordar las causas subyacentes de la migración forzada. Esto requiere un enfoque integral y coordinado que incluya el apoyo a los países de origen mediante recursos y asistencia internacional. La cooperación para el desarrollo debe enfocarse en reducir la pobreza, mejorar las oportunidades económicas y fortalecer las instituciones democráticas. Los acuerdos comerciales deben ser revisados para asegurar que no perpetúan la explotación y el empobrecimiento de terceros países. Además, es necesario desvincular la ayuda al desarrollo del control de fronteras y dejar de apoyar a gobiernos autoritarios que violan los derechos de sus poblaciones.

La Unión Europea y sus Estados Miembros tienen la capacidad y la responsabilidad de actuar como actores decisivos en la promoción de la paz y la estabilidad global. Esto implica no solo respuestas humanitarias inmediatas, sino también el compromiso a largo plazo con la resolución de conflictos y la construcción de sociedades justas y equitativas. Solo abordando las causas estructurales de la migración forzada se puede esperar reducir los flujos migratorios de manera sostenible y justa.

La actual Ley de Extranjería en España también ha sido objeto de críticas por su enfoque restrictivo y punitivo hacia las personas migrantes. La ley impone numerosas barreras administrativas y legales que dificultan el acceso a derechos básicos como la regularización de la situación migratoria, el acceso al mercado laboral y la reunificación familiar. Estas restricciones no solo violan los derechos humanos de las personas migrantes, sino que también fomentan la precariedad y la exclusión social, impidiendo su plena integración en la sociedad española.

La Ley de Extranjería perpetúa un enfoque de control y represión en lugar de protección y derechos. Las redadas policiales, las detenciones arbitrarias y las deportaciones sumarias son prácticas que se han normalizado bajo este marco legal, creando un ambiente de miedo e inseguridad entre las comunidades migrantes. La falta de vías legales y seguras para la migración también empuja a muchas personas a recurrir a rutas peligrosas y a redes de tráfico de personas, aumentando el riesgo de explotación y abuso.

Para mejorar la situación, es necesario reformar la Ley de Extranjería para que se centre en la protección de los derechos humanos y la inclusión social. Esto incluye facilitar la regularización de las personas migrantes, garantizar su acceso a derechos laborales y sociales, y promover la reunificación familiar. Además, es necesario desarrollar políticas que fomenten la integración y la convivencia intercultural, reconociendo la diversidad como un valor y una riqueza para la sociedad.

En definitiva, el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea y la actual Ley de Extranjería en España reflejan un enfoque restrictivo y punitivo hacia la migración, que perpetúa la violencia, la exclusión y la violación de derechos humanos. Para abordar verdaderamente los retos migratorios, es esencial adoptar un enfoque basado en la solidaridad, los derechos y la justicia. Esto implica no solo mejorar las políticas de acogida y protección, sino también abordar las causas estructurales de la migración forzada mediante el apoyo y la cooperación internacional. Solo así se podrá construir una Europa que respete y proteja los derechos de todas las personas, independientemente de su origen.