La Farsa de la Colaboración Público-Privada en la Sanidad: El Caso Álvaro Cunqueiro

La gestión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha sido desastrosa. Feijóo y Rueda en Galicia han convertido la colaboración público-privada en un engaño que solo favorece a las empresas privadas a expensas de recursos públicos.

La gestión de la sanidad pública en Galicia bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo ha demostrado ser un ejemplo claro de cómo la llamada colaboración público-privada puede resultar ser un completo desastre. El caso del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo es emblemático de esta mala praxis. El reciente informe del Consello de Contas de Galicia arroja luz sobre el alarmante sobrecoste de 470 millones de euros en la construcción de este hospital, revelando una serie de decisiones cuestionables que han generado un importante perjuicio económico para los gallegos.

El modelo de colaboración público-privada (CPP) se ha vendido en muchos casos como una solución eficiente y moderna para la gestión de infraestructuras y servicios públicos. Sin embargo, la realidad ha mostrado repetidamente que este modelo puede ser altamente costoso y desfavorable para el erario público. En el caso del Álvaro Cunqueiro, la decisión de Feijóo de privatizar el proceso de construcción, en lugar de seguir el plan inicial de financiarlo con fondos públicos, resultó en un incremento significativo del coste total del proyecto.

Feijóo optó por un modelo de concesión a 20 años, en el que las empresas constructoras financiaron el proyecto y la Xunta empezó a pagar una vez finalizadas las instalaciones. Esta decisión no solo difería del modelo propuesto inicialmente por el bipartito del PSOE y el BNG, sino que también implicaba un pago anual de 56,7 millones de euros, cifra que aumentó a 86 millones debido al IPC y los impuestos, una carga que las gallegas y gallegos tendrán que soportar hasta mediados de la próxima década.

Esta forma de gestión no es exclusiva de Galicia. En Cataluña, el modelo de concesión para la construcción y gestión de hospitales, como el Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, ha generado también fuertes críticas por su ineficiencia y los elevados sobrecostes asociados. El informe de la Sindicatura de Comptes en 2014 reveló irregularidades en los contratos y un sobrecoste que superaba el 20% del presupuesto inicial. En Madrid, la concesión del Hospital de Collado Villalba a Capio Sanidad (ahora Quirónsalud) también ha sido objeto de controversia, con costes adicionales y una calidad de servicio cuestionada por usuarios y expertos.

Existen numerosas criticas a la CPP en sanidad y muchas de esas criticas provienen de economistas y expertos en gestión sanitaria, quiénes señalan que la colaboración público-privada puede ser un eufemismo para la privatización de beneficios y la socialización de pérdidas. Este modelo fomenta un entorno donde las empresas privadas se aseguran beneficios a expensas del gasto público, mientras que los riesgos y las ineficiencias son absorbidos por el Estado.

El informe del Consello de Contas de Galicia no solo cuantifica el sobrecoste en 470 millones de euros, sino que también destaca la falta de un análisis comparativo previo que justificara la elección del modelo de concesión sobre una adjudicación pública tradicional. Esta falta de planificación y control es una constante en muchos proyectos de CPP. En el caso del Hospital Álvaro Cunqueiro, la concesionaria no solo recibió el contrato para la construcción, sino también para la prestación de servicios no médicos (limpieza, lavandería, restauración, etc.), lo cual incrementó aún más el coste para la Xunta y, por ende, para los contribuyentes gallegos.

La situación se agrava cuando se considera que la Xunta, bajo la administración de Feijóo, permitió reducciones en la superficie útil del hospital originalmente pactada, lo que benefició a las empresas constructoras sin que esto se tradujera en una reducción proporcional del contrato. Esta decisión, según el Consello de Contas, evidencia una planificación insuficiente y contraviene los principios de igualdad de trato y transparencia que deben regir la contratación pública.

Otro aspecto preocupante es la supervisión de la obra, que en teoría debía estar a cargo de una oficina técnica independiente. Sin embargo, en la práctica, fue la propia concesionaria quien contrató a los integrantes de esta oficina, lo que claramente plantea un conflicto de intereses. Este tipo de prácticas socavan la confianza en la gestión pública y subrayan la necesidad de mecanismos de control más robustos y transparentes.

Es evidente que la falta de transparencia y la carencia de mecanismos regulatorios adecuados son problemas endémicos en los proyectos de colaboración público-privada. En ese tipo de modelos, las empresas privadas ejercen una influencia indebida sobre las decisiones de las administraciones públicas, lo que resulta en contratos y concesiones que favorecen sus intereses a costa del bien público.

El Hospital Álvaro Cunqueiro no solo es un ejemplo de mala gestión financiera, sino también de cómo las promesas de eficiencia y ahorro de la CPP han resultado falsas. En lugar de un modelo de gestión pública que priorice la eficiencia y la transparencia, se optó por un esquema que ha beneficiado desproporcionadamente a unas pocas empresas a costa del contribuyente.

La lección que deja el caso de Vigo es clara: la sanidad pública no debe ser un campo de experimentación para modelos de gestión que favorecen intereses privados. La salud y el bienestar de la población deben estar por encima de los beneficios económicos de unos pocos. Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de gestionar los recursos con rigor, transparencia y en beneficio de la ciudadanía. La experiencia del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo demuestra que la privatización y la concesión de servicios públicos esenciales suele resultar siempre en sobrecostes innecesarios y una gestión deficiente.

La llamada colaboración público-privada en la sanidad, lejos de ser una panacea, ha demostrado ser un modelo absolutamente ineficiente, gravoso y pernicioso. Los casos de Galicia, Cataluña y Madrid son testimonio de los peligros inherentes a este enfoque y deben servir como advertencia para futuras decisiones en políticas públicas. Feijóo y su administración deben rendir cuentas por las decisiones que han llevado a un despilfarro de recursos públicos en detrimento de la calidad del servicio sanitario. La sanidad es un derecho fundamental y su gestión debe reflejar un compromiso inquebrantable con la eficiencia, la equidad y la transparencia.