Introducción

El artículo de Carlos Alberto González Príncipe, publicado ayer sábado 17 de agosto en el diario ABC, expone una serie de reflexiones sobre el estado del Sistema Nacional de Salud (SNS) en España y sugiere que la nueva Generalitat de Catalunya, presidida por Salvador Illa y el PSC, tiene una oportunidad única para liderar su reforma. Sin embargo, aunque el texto de Príncipe apunta a problemas reales, su análisis es limitado y adolece de una visión sesgada que favorece, directa o indirectamente, la privatización de la sanidad y la colaboración público-privada, sin abordar de manera crítica los impactos negativos de estas prácticas.

La Privatización y Colaboración Público-Privada: Un Camino Peligroso

Príncipe menciona su participación en la creación del sistema de salud universal en España, basado en la Ley General de Sanidad de 1986, destacando la importancia del consenso político y social en su desarrollo. No obstante, parece olvidar que este consenso se basaba en la defensa de un sistema público robusto, accesible y de calidad para toda la ciudadanía. En su artículo, Príncipe omite los efectos perjudiciales que las privatizaciones y la colaboración público-privada han tenido en la sanidad española.

El modelo de privatización y las concesiones a empresas privadas para gestionar servicios públicos sanitarios, como se ha visto en comunidades como Madrid y Valencia, han generado una creciente desigualdad en el acceso a la sanidad y una disminución en la calidad de los servicios prestados. Estas políticas han conducido a una doble red: una pública, saturada y con recursos insuficientes, y otra privada, que absorbe fondos públicos mientras ofrece servicios a quienes pueden pagarlos o por medio de concesiones extremadamente gravosas para el SNS y muy ineficientes. Esto socava el principio fundamental de la universalidad de la sanidad, sobre el que se construyó el SNS.

Además, la colaboración público-privada en la gestión sanitaria ha demostrado ser ineficiente y costosa. Numerosos informes y estudios han evidenciado que los hospitales y servicios gestionados bajo este modelo suelen resultar más caros para el erario público que aquellos gestionados directamente por el Estado. Las concesiones y contratos con empresas privadas a menudo priorizan el beneficio económico sobre la atención sanitaria de calidad, lo que lleva a recortes en personal, disminución de recursos y, en última instancia, una peor atención a los pacientes.

La Salud Como Bien Público: Más Allá de la Rentabilidad Económica

Príncipe también señala la importancia de implicar a la sanidad privada en la gestión del sistema de salud, como si esta fuese una solución viable y deseable. Sin embargo, es fundamental recordar que la sanidad no es un negocio ni un mercado; es un derecho humano esencial. La implicación del sector privado en la sanidad pública, lejos de ser una panacea, introduce lógicas de mercado en un ámbito donde la rentabilidad no debe ser el criterio dominante. Cuando la sanidad se mercantiliza, se corre el riesgo de que las decisiones sobre tratamientos, recursos y personal se tomen en función del beneficio económico, y no de las necesidades de los pacientes.

El deterioro del sistema sanitario público en España, tal como lo describe Príncipe, no se debe a una falta de implicación del sector privado, sino más bien a décadas de políticas de recortes, subfinanciación y una mala gestión que han favorecido la externalización de servicios. Para revertir esta situación, no se necesita más privatización, sino un compromiso real con la inversión pública en sanidad, el refuerzo de la atención primaria, y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Un Enfoque Alternativo: Reforzar lo Público

Para revitalizar el SNS, la solución no pasa por ceder más espacio al sector privado o fomentar la colaboración público-privada, sino por garantizar una financiación adecuada, planificar a largo plazo y, sobre todo, defender el carácter público y universal de la sanidad. El Estado debe asumir su responsabilidad como garante de la salud de sus ciudadanas y ciudadanos, aumentando los recursos destinados a la sanidad pública y asegurando que estos se gestionen de manera eficiente y transparente.

En resumen, aunque Carlos Alberto González Príncipe reconoce la necesidad de una reforma del SNS, su propuesta de mirar hacia la privatización y la colaboración con el sector privado no es la solución. La evidencia muestra que estas estrategias, lejos de mejorar el sistema, lo han debilitado. En lugar de seguir por ese camino, España debe reafirmar su compromiso con una sanidad pública, universal y de calidad, centrada en las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos y no en los intereses del mercado.