Bajo el brillo frío de las leyes y las promesas rotas, millones de almas errantes buscan un lugar al que llamar hogar. Pero en la oscuridad de una sociedad que ha olvidado su humanidad, el derecho a la vivienda se desvanece como un susurro perdido. ¿Cuánto más soportaremos antes de exigir lo que es nuestro?

El derecho a la vivienda es más que una declaración legal; es un susurro profundo que recorre el alma humana, una necesidad tan ancestral y fundamental como el primer fuego que ardió en las noches de la prehistoria, donde la humanidad se reunió para protegerse de la oscuridad y del frío. Es el latido constante que acompaña cada una de nuestras vidas, una promesa de cobijo en un mundo que a veces parece dispuesto a devorarnos.

Pero en el corazón de nuestras ciudades, en las venas de nuestras sociedades, esa promesa se ha transformado en una sombra, en un espectro que atormenta a millones de personas. La vivienda, ese derecho básico y universal, se ha convertido en un campo de batalla, en un terreno donde se libran guerras silenciosas entre el capital y la dignidad, entre la avaricia y la necesidad. Y en esta lucha, aquellas que deberían ser protegidas, aquellas que deberían encontrar en su hogar un refugio sagrado, se encuentran desamparadas, arrojadas a la intemperie, a la soledad, a la desesperanza.

La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama en su artículo 25.1 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que incluya, entre otras cosas, la vivienda. Este es un principio que debería resonar en los corazones de los poderosos, que debería ser el cimiento de nuestras sociedades, pero que, lamentablemente, es tratado con una indiferencia que hiere, que sangra, que mata. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo reafirma en su artículo 11.1, reconociendo que el derecho a una vivienda adecuada es un pilar de la dignidad humana, un requisito esencial para la realización de los demás derechos.

Y sin embargo, en esta Europa moderna, en este mundo que presume de progreso y civilización, la Carta Social Europea Revisada y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea parecen palabras vacías, promesas rotas que se desvanecen ante la cruda realidad. En España, la Constitución de 1978 declara con orgullo, en su artículo 47, que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Pero este derecho, consagrado en la ley, se ha convertido en una ilusión, en un espejismo que desaparece tan pronto como nos acercamos.

En Galicia, una tierra rica en historia y cultura, una tierra que ha visto generaciones nacer, crecer y morir, el derecho a la vivienda se ha transformado en un doloroso recordatorio de nuestra incapacidad para proteger a los más vulnerables. Más de 359,479 viviendas permanecen vacías, fantasmas silenciosos que acechan en las sombras, mientras miles de personas buscan desesperadamente un hogar. Las calles están llenas de historias no contadas, de familias que luchan cada día por encontrar un techo bajo el cual sus hijos puedan dormir seguros. Pero en lugar de encontrar apoyo, se enfrentan a un sistema que parece diseñado para expulsarlos, para empujarlos al abismo.

El precio de los alquileres en Galicia ha subido casi un 12% en un solo año, una cifra que no refleja simplemente un aumento económico, sino un ataque directo a la dignidad de aquellas personas que ya luchan por llegar a fin de mes. Este incremento, aparentemente inocuo en las frías estadísticas, es en realidad una condena, una sentencia que obliga a muchas familias a tomar decisiones imposibles: pagar el alquiler o alimentar a sus hijos, tener un techo o vivir en la oscuridad de la pobreza energética.

El parque de vivienda pública, que debería ser un baluarte, un escudo para proteger a los más débiles, es apenas un susurro, una fracción insignificante del total de viviendas disponibles. Con menos del 6% de vivienda protegida, Galicia se encuentra muy por debajo de la media europea, una situación que no solo es vergonzosa, sino que constituye una traición a los ideales más fundamentales de justicia y equidad.

En medio de este desolador panorama, se alza la voz del Sindicato de Inquilinas, una voz que no se limita a protestar, sino que exige, que clama por lo que es justo y necesario. Este sindicato, nacido de la desesperación, alimentado por la rabia y la impotencia de miles de inquilinas, es más que una organización: es un grito colectivo, un eco que resuena en cada rincón de Galicia, una resistencia que se niega a ser silenciada.

Las demandas del Sindicato de Inquilinas no son radicales, como algunos quisieran hacer creer; son, en realidad, un acto de justicia, una rectificación necesaria de un sistema que ha olvidado su propósito. Exigen estabilidad en el alquiler, no como un lujo, sino como una necesidad básica. Proponen contratos de 12 años para grandes propietarios y de 6 años para los pequeños, una medida que permitiría a las familias planificar su futuro sin el constante temor de ser desalojadas. Este simple acto de prolongar la duración de los contratos es, en realidad, un acto de humanidad, un reconocimiento de que la vivienda no es un bien de consumo más, sino un derecho que debe ser protegido.

Pero el sindicato no se detiene ahí. Exigen la regulación de los precios del alquiler, la creación de un índice que fije el precio máximo del metro cuadrado en función de los niveles de renta. Esta medida, que algunos critican como intervencionista, es en realidad una medida de protección, un escudo contra la avaricia desmedida de aquellos que ven la vivienda como una simple inversión, un negocio que puede ser explotado sin consideración por las vidas que afectan. El sindicato propone que este índice sea de aplicación obligatoria, y que las propiedades que no lo cumplan sean penalizadas. Esta no es una demanda irracional; es un intento de devolver la vivienda a su verdadero propósito: ser un hogar, no una mercancía.

La lucha del sindicato también se centra en poner fin a los desahucios, una práctica que, en su brutalidad, niega a las personas su derecho más básico a la dignidad. Exigen que sea obligatorio para las administraciones públicas realojar a las personas desahuciadas, una medida que no solo es justa, sino necesaria en un Estado que se autodenomina de bienestar. Además, los grandes tenedores, aquellos que poseen múltiples propiedades, deberían ofrecer un alquiler social antes de iniciar cualquier procedimiento de desahucio. Esta es una exigencia de humanidad, una petición para que aquellos que tienen más sean responsables con aquellos que tienen menos.

En su lucha por la justicia, el Sindicato de Inquilinas también exige la movilización de las viviendas vacías. En su visión, una vivienda vacía es un desperdicio, una ofensa a aquellos que buscan desesperadamente un hogar. Exigen que las viviendas vacías de grandes propietarios, aquellos que poseen cinco o más, sean expropiadas sin compensación y puestas en uso bajo régimen público. Esta no es una medida extrema, como algunos podrían argumentar; es una respuesta proporcionada a la crisis de vivienda que enfrenta Galicia. En cuanto a los pequeños propietarios, el sindicato propone penalizaciones a través del aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) u otras cargas impositivas, y, en caso de que la vivienda se ponga en uso en el primer año, bonificaciones que incentiven su utilización.

El aumento del parque de vivienda pública en régimen de alquiler es otra de las demandas centrales del sindicato. No se trata solo de construir nuevas viviendas; se trata de movilizar las que ya existen, de expropiar aquellas que están en manos de bancos rescatados con dinero público, como la SAREB. Exigen que se promueva el régimen público de alquiler por encima de la compra de vivienda, para que este pase a ser el modo de habitabilidad más extendido entre la población. Este no es un capricho; es una necesidad en un mercado donde la compra de vivienda se ha convertido en un lujo inaccesible para muchas personas. Además, exigen que el precio del alquiler en el parque de vivienda pública sea siempre inferior al establecido en el libre mercado, y que atienda las situaciones particulares de las personas arrendatarias, considerando ingresos salariales, casos de violencia machista, familias monoparentales, número de habitantes del hogar, dependencia, entre otros factores.

El sindicato también demanda un control riguroso sobre la construcción de nuevas promociones de vivienda, asegurando que estas respondan a una necesidad social y no a la codicia de los promotores. Exigen que el 50% de las nuevas promociones estén sujetas a un régimen público y se dediquen a usos de utilidad social, como viviendas públicas, zonas verdes, instalaciones y servicios públicos. Esta es una medida de justicia, una forma de asegurarse de que el crecimiento urbano no se convierta en un vehículo de desigualdad.

Y finalmente, el sindicato exige la eliminación del régimen especial tributario de las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), que actualmente tributan al 0% en el impuesto de sociedades. Este régimen fiscal, diseñado para atraer inversiones, ha sido en realidad una herramienta para la especulación y la extracción de riqueza a costa del derecho a la vivienda. El sindicato demanda la desaparición de estas entidades, prohibiendo la compra de vivienda por parte de fondos y entidades bancarias y financieras, para que la vivienda vuelva a ser lo que siempre debió ser: un derecho y no una mercancía.

Este clamor por la justicia, por la dignidad, por el respeto a la humanidad de cada individuo, es más que una simple lista de demandas. Es un grito de rabia y de esperanza, una llamada a las armas en una guerra que no se libra con balas ni cañones, sino con corazones y mentes. Es una lucha por un mundo donde cada persona tenga un lugar al que llamar hogar, un lugar donde pueda sentirse segura, donde pueda soñar, donde pueda vivir con dignidad.

Porque en el fondo, la vivienda no es solo un derecho; es la base de todo lo que somos y de todo lo que podemos ser. Es el lugar donde se construyen los sueños, donde se forjan las familias, donde se viven las vidas. Y sin un hogar, sin ese refugio sagrado, no hay vida, no hay futuro, no hay esperanza.