Cuando las sombras del patriarcado se infiltran en las instituciones que deberían protegernos, la traición es doble, y el silencio, cómplice. La reciente denuncia de la Marcha Mundial das Mulleres sobre la escandalosa inacción de la Consellería de Educación en el caso del maestro condenado por agresión sexual en Ourense nos revela una verdad inquietante: las aulas, espacios que deberían ser santuarios de conocimiento y desarrollo, pueden convertirse en terrenos fértiles para la violencia machista cuando las instituciones fallan.

El relato es tan devastador como indignante. Un maestro, condenado a trece años de prisión por agresiones sexuales a una menor, continuó ejerciendo en un colegio, interactuando con menores, incluso acompañándolos en excursiones fuera del entorno escolar. No se trataba de una sospecha ni de un rumor infundado. El fallo judicial que lo condenaba se emitió el 19 de julio, y sin embargo, hasta el pasado viernes —semanas después de que se hiciera pública la sentencia—, no se tomaron medidas para apartarlo de las aulas. ¿Qué protege entonces la Consellería? ¿A los niños y niñas bajo su cuidado o a un agresor sexual condenado que, con su silencio e inacción, ha sido defendido y blindado hasta que la presión social hizo insostenible su permanencia?

Este caso no es un hecho aislado, sino un reflejo de una estructura patriarcal que se resiste a ser desmantelada. No basta con enunciar discursos de igualdad y protección de los menores si, cuando la realidad golpea, se responde con una parálisis que huele a complicidad. La Consellería de Educación no solo fue negligente; fue cómplice al permitir que un condenado por abusos sexuales continuara ejerciendo su poder sobre niños y niñas indefensos. La tibieza de sus actos contrasta dolorosamente con la urgencia del problema que tenían entre manos.

La indignación de las familias afectadas y de los colectivos feministas es más que justificada. Es la rabia de quienes han sido traicionados por el sistema. Es la voz de quienes ven en cada día de silencio institucional una perpetuación del poder patriarcal que minimiza el sufrimiento de las víctimas mientras protege, con una lentitud exasperante, a los agresores. Porque si algo ha quedado claro en este caso es que, para la Consellería, la reputación y los derechos de un maestro condenado valían más que la seguridad de los niños y niñas bajo su custodia. Y esa es una realidad que no podemos tolerar.

Las instituciones educativas deberían ser espacios seguros, donde los menores puedan crecer y aprender sin temor. Pero cuando esas mismas instituciones fallan en su deber más básico, que es proteger a los vulnerables, no podemos sino cuestionar la estructura que las sostiene. La Marcha Mundial das Mulleres lo ha señalado con precisión: es necesario implementar protocolos rápidos y efectivos para estos casos. No podemos permitir que la burocracia y la falta de voluntad política conviertan las aulas en un campo minado donde los abusadores encuentran refugio en la inacción institucional.

Lo que este caso nos muestra es la urgencia de un cambio radical en la manera en que se abordan las denuncias y condenas por violencia machista y sexual en el ámbito educativo. No se trata solo de este maestro en Ourense, aunque su caso sea emblemático. Se trata de un sistema que, al no actuar con celeridad y contundencia, perpetúa la violencia y desprotege a las víctimas. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI tengamos que presionar a las instituciones para que aparten a un agresor condenado de las aulas? La respuesta es sencilla y dolorosa: porque las estructuras de poder siguen siendo patriarcales y misóginas, y en ellas, el sufrimiento de las víctimas es un daño colateral, una molestia que puede ser ignorada mientras no genere escándalo.

Pero ya no podemos permitir más silencios. Ya no podemos tolerar más complicidad. Es imprescindible que se establezcan protocolos claros y que estos se activen de manera inmediata cuando hay sospechas o, peor aún, condenas por violencia sexual. No podemos dejar en manos de la burocracia la seguridad de nuestros niños y niñas. Es necesario que cada centro educativo, que cada funcionario público, tenga la obligación de actuar con la mayor rapidez y diligencia en estos casos, priorizando siempre la protección de las víctimas y la prevención de nuevos abusos.

La Marcha Mundial das Mulleres ha alzado la voz por quienes no siempre pueden hacerlo. Su denuncia es un llamado urgente a la acción, un recordatorio de que la violencia machista no desaparece con el tiempo ni se diluye en la lentitud burocrática. Al contrario, se enraíza más profundamente cuando el silencio la protege. Es hora de romper ese silencio, de exigir responsabilidades y de asegurar que nunca más un agresor sexual condenado pueda seguir ejerciendo poder sobre los más vulnerables.

Porque cada día que pasa sin que se tomen medidas contundentes es un día más en que el patriarcado sigue ganando. Cada día que un agresor sexual permanece en las aulas es una herida abierta en nuestra sociedad, una herida que se ensancha con la indiferencia y la falta de acción. No podemos permitir que la protección de los derechos de las niñas y niños quede a merced de la voluntad de una administración que parece más preocupada por evitar el escándalo que por garantizar la seguridad de quienes están bajo su responsabilidad.

Es momento de actuar, de exigir un cambio real y profundo. Las voces de la Marcha Mundial das Mulleres son un eco de justicia que no puede ser ignorado. La Consellería de Educación tiene una deuda con las familias, con los estudiantes, con la sociedad entera. Y esa deuda solo se saldará cuando se implemente un sistema que proteja de verdad a las víctimas y no a los agresores. El futuro de nuestros niños y niñas no puede depender del azar ni de la indiferencia institucional. Debe estar en el centro de nuestras preocupaciones, protegido por un manto de justicia y de acción efectiva.

No más silencio. No más complicidad. No más violencia en las aulas.