
Salvar el Servicio Nacional de Salud: Más que un derecho, un deber colectivo
El colapso del sistema sanitario, como una sombra que acecha lentamente, parece no tener prisa pero tampoco pausa. El informe publicado recientemente en Londres sobre el NHS inglés es una advertencia inquietante que resuena a lo largo y ancho de Europa. Con una lista de espera de más de siete millones de personas, un promedio de doce horas en urgencias y una productividad en caída libre, la situación sanitaria británica se desmorona. Mientras los gobiernos contemplan los números, los pacientes contemplan el reloj. Pero la crítica, por sí sola, no nos sirve de consuelo. En España, donde aún podemos mirar con algo de orgullo nuestro SNS, el riesgo de sucumbir a este mismo destino se dibuja con claridad si no actuamos de manera decidida.
El artículo de Carlos Alberto González Príncipe, publicado en el Diario ABC el pasado 14 de septiembre bajo el título: “Salvar el Sistema Nacional de Salud”, toca una fibra sensible. Lo que en Galicia todavía parece manejable, en otras comunidades ya es insostenible. Y es en esa sala de espera abarrotada, donde él mismo espera su turno para una analítica rutinaria, donde surge una pregunta tan apremiante como incómoda: ¿cómo evitar el colapso? Príncipe sugiere limitar la oferta, una solución que, aunque pragmática, es solo una parte del problema. La situación sanitaria no puede resolverse simplemente ofreciendo menos, sino más bien repensando «cómo» y «qué» ofrecemos.
España, como la mayoría de Europa, ha construido sus servicios de salud bajo el paraguas del Estado de Bienestar, un derecho que sigue siendo irrenunciable. Pero este derecho, como todo bien preciado, requiere de un esfuerzo constante para mantenerse en pie. El aumento de la demanda sanitaria —en parte impulsada por el envejecimiento de la población, en parte por las innovaciones tecnológicas que prometen milagros médicos— ha puesto al sistema al borde de su capacidad. Y aunque la tentación de reducir servicios parece lógica en términos de contención del gasto, la verdadera respuesta debe encontrarse en el fortalecimiento de los pilares del sistema: la financiación, la redistribución de recursos y la reorganización estructural.
Es en este punto donde los ejemplos europeos nos ofrecen lecciones valiosas. Países como Dinamarca y Suecia, donde la sanidad pública sigue siendo robusta, nos muestran que el incremento en la financiación, dirigido inteligentemente, puede ser la llave para evitar el colapso. Estos países han invertido decididamente en la digitalización de los sistemas de atención primaria, lo que permite reducir las consultas innecesarias y optimizar el tiempo de los profesionales. No es solo cuestión de gastar más, sino de gastar mejor. En Dinamarca, por ejemplo, se han desarrollado plataformas digitales que permiten a los pacientes acceder a consultas virtuales con médicos de familia, ahorrando tiempo y recursos, y al mismo tiempo descargando presión sobre los hospitales. La descentralización y la autonomía de los centros de salud de atención primaria permiten que se adapten a las necesidades locales, evitando así la saturación.
En contraste, el modelo británico, que hasta hace no mucho era un ejemplo de eficiencia, ha caído en una espiral descendente precisamente porque no supo adaptarse a los cambios demográficos ni a las nuevas demandas. El informe de Lord Darzi es contundente: más médicos y más enfermeras no bastan cuando el sistema carece de flexibilidad. En lugar de fortalecer la atención primaria, el Reino Unido optó por un enfoque hospitalocéntrico, que ha terminado por colapsar. Y es aquí donde España debe tener cuidado. Si bien en Galicia la situación todavía es aparentemente manejable, en comunidades como Madrid o Cataluña, las listas de espera son cada vez más preocupantes.
Pero la solución no puede ser simplemente la reducción de la oferta, como algunos sugieren. Limitar los servicios, como proponer eliminar la blefaroplastia del sistema público, puede parecer una solución rápida, pero corre el riesgo de abrir una puerta peligrosa. Hoy es una cirugía estética, mañana puede ser una intervención ortopédica o un tratamiento oncológico. Es un camino que nos llevaría a un sistema cada vez más privatizado, donde las ciudadanas y ciudadanos de a pie se verán obligados a recurrir a seguros privados para cubrir lo que el Estado ya no considera rentable.
Entonces, ¿qué hacer? La respuesta pasa inevitablemente por un aumento de la financiación pública. Pero no se trata de arrojar dinero al problema sin más. Hay que garantizar que esa financiación se utilice para reforzar la atención primaria, donde se resuelven la mayoría de los problemas de salud. La clave está en hacer que la atención primaria sea el centro neurálgico del sistema, no una simple puerta de entrada. Hay que dotar a los centros de salud de más recursos humanos, tecnológicos y administrativos para que puedan atender con rapidez y eficacia. Además, se debe invertir en la prevención. El modelo finlandés, que ha logrado reducir las enfermedades crónicas mediante programas de prevención integral, es un ejemplo brillante de cómo la salud pública puede aliviar la presión sobre los hospitales.
El enfoque, por tanto, no debe ser reducir la oferta de servicios, sino racionalizarla. Esto significa priorizar los servicios basados en la evidencia científica y las necesidades reales de la población. No se trata de hacer menos, sino de hacer mejor. Y para ello, es fundamental que los gobiernos autonómicos y el Ministerio de Sanidad trabajen de la mano, desarrollando un plan nacional coherente que permita una distribución equitativa de los recursos.
Si seguimos por el camino de aumentar la oferta sin planificación, como advierte González Príncipe, nos espera un futuro sombrío. Pero si optamos por una sanidad bien financiada, gestionada con inteligencia y centrada en la prevención y la atención primaria, todavía hay esperanza de salvar nuestro Sistema Nacional de Salud. Porque la sanidad pública no es solo un derecho, es el reflejo de los valores de una sociedad que se preocupa por sus ciudadanos, que pone la vida y la dignidad humana por encima del beneficio económico. Si no luchamos por ello, ¿qué nos queda?