No es solo una norma lo que rechazaron. No es una proposición de ley la que aplastaron con una funesta negativa, con una losa fría que cae sobre las inquilinas e inquilinos. Lo que rechazaron, pulsando un botón al servicio del poder, es la dignidad de miles de familias, de personas humildes que hoy no saben si tendrán un techo mañana. Votaron en contra del amparo de los más vulnerables, de la protección de aquellas y aquellos que, día a día, ven cómo la estabilidad de sus hogares se desvanece, se difumina en un mercado depredador donde el hogar se transformó en una mercancía, y el derecho a la vivienda en un lujo reservado a unos pocos. En este escenario, el rechazo a la regulación de los alquileres temporales no es solo una traición, es un crimen silencioso, un pacto oscuro con los especuladores de vidas.

En la Cámara Baja, se hizo el silencio tras el recuento de votos. El futuro de miles quedó sellado con 178 rechazos. No hubo titubeo en las manos de quienes, obedientes a las fuerzas invisibles de los fondos buitre y los grandes propietarios, dictaron sentencia: que siga la fiesta del mercado, que sigan las expulsiones, los desalojos, los desahucios, que sigan los contratos temporales que mantienen a las inquilinas e inquilinos en la cuerda floja. Bajo el vistazo cómplice de quienes, cobijados en la seguridad de sus privilegios, no conocen la desesperación de no saber si el próximo mes tendrán un lugar al que llamar hogar.

Con excusas técnicas y discursos vacíos sobre la libertad de mercado, decidieron cerrar los ojos ante la devastación que genera su inacción. Prefirieron proteger los bolsillos de los grandes tenedores, mientras miran con desprecio a las inquilinas e inquilinos a los que condenan a la precariedad, sin garantías, sin estabilidad, sin futuro. Dicen que defienden a los pequeños propietarios, cuando en realidad solo protegen a quienes se lucran con el sufrimiento ajeno, a quienes amontona pisos vacíos, jugando al alza de precios como si las casas no fueran más que fichas en un tablero de un monopoly de la especulación. Los pequeños propietarios no necesitan esa defensa: lo que hicieron es levantar un muro infranqueable alrededor de los grandes imperios inmobiliarios.

La derecha, disfrazada de defensora de la «libertad» y el «derecho a la propiedad», no hizo más que abogar por una desregulación que promueve el caos y la explotación. Su retórica hueca sobre la necesidad de más construcción no es más que un eco de los intereses de las empresas privadas, las mismas que vaciaron de humanidad el mercado de la vivienda. Construir más no significa construir mejor, y mucho menos garantizar que esos nuevos pisos estén al alcance de quienes realmente los necesitan. Ellos hablan de nuevas viviendas, sin embargo sus manos construyen muros cada vez más altos entre la realidad de la gente y la posibilidad de vivir con dignidad.

Y en esa sala de noes, algunos, como Junts, que habían prometido al menos la abstención, decidieron finalmente traicionar esa mínima esperanza, alineándose con quienes desprecian a los más frágiles. Decidieron, en el último instante, dar la espalda a las inquilinas e inquilinos, permitiendo la vigencia de las actuales normas sobre alquileres temporales. Los alquileres temporales y vacacionales se convirtieron en una manera de eludir las restricciones impuestas por la Ley 12/2023, sobre todo en cuanto al control de los precios en las zonas tensionadas. Como la ley tiene cómo objetivo principalmente evitar el incremento del precio de los alquileres de las viviendas habituales y establece límites para evitar subidas excesivas de los precios, algunos propietarios optan por ofrecer sus inmuebles en la modalidad de alquiler temporal (por períodos cortos o incluso como alquiler turístico), para esquivar esas regulaciones y seguir incrementando los precios sin control.

Este uso de los alquileres temporales puede desvirtuar los objetivos de la ley, que procura proteger a las inquilinas e inquilinos y estabilizar los precios del mercado en zonas con alta demanda y poca oferta. Si los alquileres temporales no se limitan o regulan de manera efectiva, se convierten en una herramienta de especulación inmobiliaria que permita a los propietarios obtener una rentabilidad desmedida con sus inmuebles sin cumplir con las normativas destinadas a asegurar unos precios más justos y asequibles.

En este contexto, establecer restricciones más claras y contundentes sobre los alquileres temporales sería esencial para evitar que se usen cómo un «escapismo» a las medidas de control de precios. Esto podría incluir limitar la cantidad de viviendas que se destinan a este tipo de alquiler o poner límites a los precios de los contratos temporales, sobre todo en las zonas donde ya existen tensiones en el mercado de alquiler habitual, De este modo, se garantizaría que los objetivos de la ley se cumplan en mayor medida, asegurando el acceso a la vivienda y estabilizando los precios.

Mientras, el PSOE, con su tibieza de siempre, prefirió eludir el conflicto real. Hablan de construir, de colaborar con lo público y lo privado, sin embargo jamás hablan del verdadero problema: del acaparamiento de viviendas por parte de las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMI), de los fondos buitre, de los grandes empresarios inmobiliarios y otros grandes propietarios. Su estrategia, que no desafía los pilares del mercado especulativo, se deshace cómo un castillo de arena ante la necesidad de medidas contundentes, de respuestas valientes ante una crisis que devora el alma de las ciudades y arrastra a miles de familias a la incertidumbre y a la desesperación.

Y mientras los discursos vacíos atronan en el Congreso, mientras las manos de los políticos que debían proteger los derechos individuales y colectivos votan en contra del bienestar de la mayoría, las casas y predios siguen vacíos, los alquileres siguen subiendo, y las inquilinas e inquilinos, como fantasmas en sus propias vidas, siguen esperando una justicia social que no llega. Los partidos que rechazaron la ley no solo fallaron; demostraron que su lealtad no está con la clase trabajadora y la mayoría social, sino con el capital. Firmaron la condena de miles de personas, sin embargo su responsabilidad no quedará oculta. Porque no es un debate técnico el que está en juego. Es la vida, la dignidad y el futuro de quienes aun creen que un hogar no debería ser una mercancía o una moneda de cambio.