El mercado de alquiler en Vigo ha alcanzado niveles insostenibles, según informa el Faro de Vigo de hoy, 27 de septiembre de 2024, con un aumento de precios del 45% en la última década, muy por encima del incremento de los inmuebles en venta. Hoy, alquilar una vivienda de 100 metros cuadrados cuesta 310 euros más al mes que hace diez años, según datos del portal inmobiliario Idealista. Mientras tanto, la diferencia en la compra de un inmueble similar ha crecido en 43.500 euros. Ante esta realidad, más vecinas y vecinos se ven empujados a plantearse la opción de la compra, aunque esto tampoco resulta sencillo. Sin embargo, la solución no está en construir más viviendas; lo que realmente se necesita es controlar el precio de los alquileres, movilizar las viviendas vacías y regular las viviendas de uso turístico.

En Vigo, la narrativa que defiende la necesidad de construir más viviendas para hacer frente a la demanda de alquileres y ventas ignora un hecho muy importante: la ciudad ya tiene suficientes viviendas. Según datos del Concello de Vigo, actualmente hay unas 12.897 viviendas vacías, lo que indica que no están habitadas o se usan de manera esporádica. El problema, por tanto, no es una falta de oferta, sino más bien una gestión ineficiente de los recursos existentes.

La propuesta de construir más, amparada en la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Vigo, que permitirá levantar 50.000 nuevas viviendas, parece obviar la urgencia de poner en uso las miles de viviendas vacías que ya existen en nuestra ciudad. La solución no es seguir urbanizando cuando ya tenemos un parque de viviendas infrautilizado. La construcción masiva no solo no resolverá el problema a corto plazo, sino que podría generar un desequilibrio innecesario en el mercado inmobiliario, con un impacto ambiental y social considerable.

Frente a la escalada de los precios, la primera medida debería ser movilizar las viviendas vacías que llevan años sin utilizarse. Estas propiedades están en manos de particulares, entidades financieras y fondos de inversión, que prefieren mantenerlas desocupadas o especular con su venta en lugar de alquilarlas a precios accesibles. El Sindicato de Inquilinas de Vigo, Tui y Baixo Miño y otras organizaciones llevan tiempo señalando que las administraciones locales deben actuar con urgencia en este frente.

Una solución eficaz sería la aplicación de una tasa municipal para penalizar a aquellos propietarios que mantengan sus viviendas vacías sin justificación. Esta medida no solo incentivaría el alquiler, sino que ayudaría a reducir el stock de viviendas desocupadas, ampliando la oferta de alquiler disponible y aliviando la presión sobre los precios. Adicionalmente, la movilización de las propiedades de la SAREB, que gestiona viviendas procedentes de la reestructuración bancaria, debe ser una prioridad. No se puede permitir que estas viviendas sigan sin uso mientras miles de personas en Vigo buscan un lugar donde vivir a un precio razonable.

Otro factor que ha contribuido a la crisis de los alquileres en Vigo es el auge de las viviendas de uso turístico. Cada vez más propietarios prefieren dedicar sus inmuebles a este tipo de arrendamiento, ya que ofrece una rentabilidad mucho mayor y conlleva menos riesgos que el alquiler a largo plazo. El resultado es que se reduce drásticamente la oferta de viviendas para alquiler residencial, disparando los precios.

El Concello de Vigo debería imponer límites estrictos al número de licencias para viviendas de uso turístico, regulando mejor este mercado y garantizando que no absorba una parte desproporcionada del parque inmobiliario. Ciudades como Barcelona o Lisboa ya han implementado políticas similares con buenos resultados, y Vigo no puede quedarse atrás. Si se quiere frenar la subida de los alquileres, es esencial que parte de estas viviendas vuelvan al mercado de alquiler tradicional.

La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, una ley estatal en vigor desde mayo de 2023, que permite limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas, es decir, aquellas donde los precios del alquiler han crecido de manera desproporcionada en relación con los ingresos medios de la población. Vigo cumple claramente con los criterios para ser considerada una zona tensionada, pero el concello aún no ha implementado esta medida de forma efectiva.

Es fundamental que se aceleren los estudios para identificar las áreas de la ciudad donde se puede aplicar el control de los precios, y que esta regulación se ponga en marcha cuanto antes. Limitar los precios del alquiler no solo es una cuestión de justicia social, sino también de sostenibilidad económica. Si no se toman medidas para contener esta escalada, el acceso a la vivienda, un derecho constitucional, seguirá alejándose de una parte importante de la ciudadanía.

Es imprescindible cambiar la perspectiva sobre el acceso a la vivienda. Esta no debe ser vista como un objeto de especulación o un vehículo para la inversión, sino como un derecho básico que debe ser garantizado para todas y todos. Las políticas públicas deben orientarse a proteger este derecho, limitando los abusos del mercado y fomentando un acceso justo y asequible a la vivienda.

La solución a la crisis habitacional de Vigo no está en la construcción de más viviendas, sino en la redistribución de las que ya existen. Movilizar las viviendas vacías, controlar los precios del alquiler y regular las viviendas de uso turístico son las claves para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna. La administración local, autonómica y estatal deben actuar de manera conjunta y urgente para frenar la especulación inmobiliaria y poner fin a una crisis que está dejando a miles de personas sin opciones asequibles donde vivir.