Es 31 de julio de 2025. Apuro los últimos días de mis vacaciones mientras, sobre el escritorio donde suelo leer, se apilan los principales diarios del día. Las portadas están dominadas por nombres propios —Montoro, Cerdán, Ábalos…— y titulares que hablan de cohecho, prevaricación, financiación ilegal, currículums falseados, tráfico de influencias y otras muchas formas de corrupción. Pero esta mirada, tan obsesionada con el escándalo individual, es tan limitada como conveniente. Porque la corrupción no nace del capricho de un ministro encerrado en su despacho, sino de una arquitectura cuidadosamente tejida entre el poder político y sus verdaderos socios: grandes contratistas, lobbistas, consultoras, conglomerados empresariales que no solo participan del saqueo, sino que lo diseñan. Sin corruptores, no hay corruptos. Y, sin embargo, casi nunca se enfoca la lente sobre ellos. Permanecen en la sombra, protegidos por su anonimato selectivo, mientras los medios entretienen a la opinión pública con la caída de algunas piezas del tablero.

La corrupción en España no es una anomalía que irrumpa en un sistema sano, sino un fenómeno estructural profundamente normalizado. Se produce de forma transversal en todos los niveles de la administración —supranacional, estatal, autonómica y local— y afecta especialmente a sectores como la construcción, la obra pública, la defensa, la sanidad, las energías, las telecomunicaciones o los contratos tecnológicos. ¿Por qué siempre son los mismos sectores? Porque allí donde hay grandes presupuestos, licitaciones complejas y margen para la opacidad, los corruptores encuentran el terreno ideal para desplegar sus redes de influencia.

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro está siendo investigado por haber utilizado su despacho privado —Equipo Económico— como plataforma para captar clientes empresariales beneficiados por sus propias decisiones políticas. No hablamos aquí de un caso aislado, sino del modelo de “puertas giratorias” elevado a categoría de sistema. Un político diseña una normativa favorable a determinadas empresas, y luego se reincorpora al sector privado cobrando retribuciones que en realidad son pagos diferidos por los favores prestados. El negocio está servido, y las leyes, deliberadamente ambiguas, permiten que los corruptores apenas aparezcan en la escena penal. Su papel es esencial pero invisible, como el virus que infecta sin ser detectado.

A los casos de Montoro y Cerdán se suman muchos otros: Ábalos y el caso Koldo, por ejemplo, son piezas de un mismo entramado en el que constructoras y empresas de servicios públicos colocan a sus intermediarios en lugares clave del Estado para asegurarse contratos millonarios, a menudo sobredimensionados o adjudicados sin competencia real. Pero las investigaciones judiciales y mediáticas suelen detenerse en el político o alto cargo: raramente se llega hasta los despachos de los empresarios que presionan, pagan y chantajean. A veces, ni siquiera se revelan los nombres de los empresarios implicados, como si su poder económico blindase su impunidad simbólica.

La arquitectura institucional española favorece esta impunidad. Los grandes lobbies económicos actúan sin regulación efectiva, muchas veces incluso desde las propias fundaciones de los partidos políticos, a través de asesores, “think tanks” o despachos jurídicos satélites. Según el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), España sigue sin implantar un sistema de control sobre los grupos de presión. Esto no es casualidad. Quien controla el cabildeo controla la ley, y quien controla la ley, controla los contratos. Si un fondo de inversión, una constructora o una energética puede influir en la redacción de una norma, ya no necesita sobornar a posteriori: lo tiene todo preparado para ganar por adelantado.

Por eso, la corrupción estructural no es solo una cuestión de ética pública, sino una forma específica de dominación de clase. Los corruptores son el verdadero poder económico que pone al Estado al servicio de su beneficio privado. La maquinaria legislativa, los procesos de contratación, las estructuras de fiscalización… todo está moldeado para que las élites económicas puedan apropiarse de lo público con una apariencia de legalidad. Cuando un gobierno regional adjudica por vía de urgencia contratos de 200 millones a empresas de amigos o donantes del partido, no se trata solo de un delito: es una lógica de clase funcionando a pleno rendimiento. El dinero público no se pierde, se transforma en rentabilidad privada para quienes financian campañas, dictan agendas y designan ministros.

La persistencia de esta estructura de corrupción obedece, en parte, a la falta de voluntad política real para enfrentar a los corruptores. Porque hacerlo implicaría romper con relaciones de dependencia política, financiera y mediática que sostienen al propio sistema. Quien se atreve a denunciar a una gran constructora, una eléctrica o una multinacional tecnológica, corre el riesgo de enfrentarse a una maquinaria de represalia jurídica, mediática y económica. En cambio, resulta mucho más fácil sacrificar a un político amortizado que iniciar una ofensiva institucional contra quienes financian y diseñan la corrupción.

A este sistema hay que añadirle una ciudadanía progresivamente anestesiada, que asiste con escepticismo o indiferencia a cada nuevo escándalo. Parte de la culpa la tienen los medios de comunicación, muchos de ellos controlados o financiados directa o indirectamente por los mismos actores que alimentan la corrupción. Una parte de la prensa actúa como tapadera, centrándose en el “político corrupto” para ocultar al empresario corruptor. Los columnistas se llenan la boca con la palabra “ética” mientras guardan silencio sobre las tramas empresariales que financian sus propios medios. Esta hipocresía contribuye a que la ciudadanía vea la corrupción como un fenómeno inevitable, casi natural, reforzando su carácter estructural.

Sin embargo, hay salidas posibles. La primera es cambiar radicalmente el enfoque: el combate contra la corrupción debe centrarse en los corruptores. Esto implica regular de forma estricta la actividad del lobby empresarial, crear registros públicos obligatorios y transparentes, y sancionar con dureza a las empresas implicadas en casos de corrupción, impidiéndoles contratar con las administraciones durante años. España sigue sin aplicar estas medidas básicas, ya recomendadas por organismos europeos desde hace más de una década.

También es imprescindible fortalecer los sistemas de vigilancia patrimonial sobre grandes fortunas, crear unidades fiscales especializadas con autonomía real y dotar de recursos suficientes a los tribunales que investigan corrupción económica. Sin trazabilidad financiera y sin posibilidad de llegar al origen del dinero, la lucha anticorrupción se vuelve una farsa. Hay que perseguir no solo al que cobra la mordida, sino sobre todo al que la ofrece, la diseña y la justifica como una inversión en su cuenta de resultados.

Es necesario, además, impulsar mecanismos de reparación del daño causado. Si una empresa se ha beneficiado de contratos ilegales, debe devolver lo cobrado con intereses, y sus directivos responder penalmente. No puede seguir ocurriendo que las compañías sigan operando como si nada tras haber participado en esquemas de saqueo institucional. Sin recuperación del dinero público ni castigo ejemplar, la corrupción no solo se reproduce, sino que se perfecciona.

Nada de esto será posible sin una ciudadanía activa, crítica, organizada. La regeneración democrática no vendrá de los mismos partidos que llevan décadas tolerando —cuando no alimentando— estas prácticas. Vendrá de abajo, de la movilización cívica, del periodismo valiente, de la denuncia organizada. Pero también del rechazo frontal a la cultura empresarial que considera normal “engrasar” relaciones con las instituciones, invitar a congresos, pagar favores o influir sobre regulaciones. Esta cultura debe ser combatida con una pedagogía democrática firme y sin complejos.

El problema no son solo los políticos que delinquen. El problema son los empresarios que compran a políticos y responsables de las administraciones públicas, financian campañas electorales, diseñan reformas legales y construyen imperios a costa del erario público. Mientras no se nombre a los corruptores, mientras no se les coloque en el centro del problema, cualquier estrategia anticorrupción estará condenada al fracaso. No es solo cuestión de voluntad política, es cuestión de romper el pacto implícito entre poder económico y poder institucional. Y eso, en un país como España, sigue siendo la gran asignatura pendiente.